Las enseñanzas del caso de Mariluz

El caso de la niña de Huelva asesinada por un pederasta que debía estar en prisión ha abiertoun debate (el enésimo) sobre los delincuentes sexuales, el cumplimiento íntegro de las penas, la cadena perpétua y los errores de la administración de Justicia (no confundir con la 'Justicia', que es otra cosa mucho más loable). Los datos que vamos sabiendo son espeluznantes: el tipo ya había abusado de su propia hija, tenía condenas pendientes, el juez no ordenó su ingreso pensando que estaba en prisión, la policía no sabía que andaba por Huelva, no había comunicación entre juzgados para saber que aunque la pena era pequeña, tenía juicios pendientes y por tanto hablábamos de un reincidente. La secretaria judicial estuvo de baja más de un mes ¡¡¡por un esguince!!!, luego cogió sus vacaciones y luego cambió de destino (esto en una empresa privada ni se les ocurre).

Independientemente de que se depuren todas las responsabilidades, se corrijan los errores (si empiezan les lleva al menos los 4 años de legislatura...) y dimita alguien (seguro que encontrarán un bedel al que cargarle el marrón), lo que hay de fondo es un Código Penal y una redacción de la Constitución que defiende al delincuente antes que a las víctimas. Esto parecía lógico tras cuarenta años de dictadura. Había que 'parecer'de otra manera. Así, las tesis sobre el delincuente como víctima de una sociedad que le 'lanza' al delito y la culpabilidad del entorno encontraron su terreno abonado en una país y una clase política que en ningún caso era liberal (ni lo eran los partidos que salían de la clandestinidad ni lo eran los grupos que venían del franquismo) y que creía más en el colectivo que en la libertad y responsabilidad individual.

De esta manera, engendros como la ley del menor (que parte de la premisa de que si un menor delinque no es porque haya elegido hacer el mal a sus semenjantes, sino porque la sociedad -¿quién es la sociedad?- le ha empujado a ello. Los chicos son 'buenos salvajes, que diría Rousseau, uno de los mayores estúpidos en la historia de la pedagogía moderna) y el Código Penal del infausto Belloch han podido ser puestos en marcha con aplauso general.

La ley debe siempre proteger a las personas de bien. Eso debe ser un principio general. Pero en España no. Aquí lo que prima es la 'rehabilitación'. Independientemente de que haya gente que se rehabilita, si eso es cierto, ¿por qué no unos juicios de revisión al modelo norteamericano? De esta manera, se garantizan ambas cosas: por un lado el derecho a la rehabilitación del preso y por otro el derecho de las víctimas y de la sociedad a que no ande suelto un tipo que ya asesinó o violó y que puede volver a hacerlo.

Pero, como en el caso del infierno de Dante, 'perded toda esperanza'. El nuevo portavoz del PSOE ( y antiguo portavoz de 'Jueces para la democracia' -como si los demás fueran para la dictadura-, esa asociación que es partidaria del 'uso alternativo del Derecho' que viene a ser 'lo que me interese' o lo que interese a lo políticamente correcto de turno), José Antonio Alonso ya ha sentenciado que 'en España existen leyes muy duras, como debe ser, pero hay que aplicarlas. No ha sido un problema de leyes ni de falta de registros, sino de que las leyes no se aplicaron. No falseemos el problema'. Por ejemplo, un señor que mata a 25 personas y es condenado por 'esas leyen muy duras' a más de mil años de cárcel, tras cumplir dieciocho sale a la calle (De Juana Chaos) o bien un pederasta y asesino que es condenado a más de doscientos años sale a los 8 en permiso de fin de semana. Vamos, durísimas leyes las nuestras... y eso cuando se aplican. ¿A quién pretende engañar el señor Alonso, insigne defensor de esas visiones 'buenismas' del delincuente? ¿Por qué no le cuenta eso al padre de Mariluz, o a las familias de las mujeres asesinadas por sus parejas con orden de alejamiento, o a las mujeres violadas por esos 'rehabilitados' en sus permisos de fin de semana? En fin, viven en otro mundo.

Seguiremos comentando...