EpC: ahora se amenaza a los colegios

Esta mañana Federico Jiménez Losantos ha afirmado que lo que deben hacer los colegios concertados es 'tener un arrebado de dignidad' y renunciar a ellos. Ya adelanto que no estoy de acuerdo con él y lo explicaré, pero todo viene a raíz de una noticia sobre un eurodiputado socialista que ha afirmado que el 'Estado se replanteará los conciertos si los colegios no imparten la asignatura'.

Pues bien, señor Miguel Angel Martínez (tocayo en los tres), el concierto educativo supone uno de los medios (cierto que no el mejor) para que los padres (no las empresas) puedan ejercer el derecho a la educación. Me he cansado de repetirlo, el Estado debe garantizar el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, no imponer la visión de un partido o grupo. El concierto permite que un padre sin excesivos medios económicos acceda a la educación que desea para sus hijos (libertad de educación recogida en el artículo 27 de la Constitución). De no existir los conciertos, sólo los padres con medios económicos altos podrían elegir ya que el resto debería conformarse con lo que la administración les imponga, dejando en papel mojado el derecho a la educación. Los padres pagamos ya la educación mediante nuestros impuestos, por lo que obligarnos a costear de nuevo la educación mediante el pago a un colegio privado supondría una doble imposición, injusta a todas luces, ya que nadie paga dos veces por un servicio al que tiene derecho, en este caso la eduación en aquellos valores que desea para sus hijos.

Pero este no es el mejor método, el mejor, desde mi perspectiva liberal, es el cheque escolar que entrega a los padres directamente el valor de la plaza escolar y deja libertad de elección plena. Ya digo que no coincido con FJL salvo que hubiese añadido que hay que renunciar al concierto y cambiarlo por el cheque escolar.

Ahora bien, desde aquí lo digo para que ya quede clara mi postura: si el Gobierno decide replantearse el concierto educativo, los padres deberemos replantearnos el seguir financiando el sistema educativo, que debe existir para garantizar mi derecho a la educación de mis hijos, no a que el Gobierno me los adoctrine. Sí, para que quede claro, llamo en ese caso a la objeción fiscal.