Politizar la justicia
Uno de los problemas que arrastra España desde hace años es la nula separación de poderes existente. En España sólo hay un poder: el ejecutivo. La Constitución señala que los partidos políticos tendrán un funcionamiento democrático... pero ninguno de ellos deja que esa democracia se haga efectiva. Los parlamentarios tienen un mandato representativo... pero funcionan como si fuera imperativo de los partidos que los pusieron en las listas. Los jueces son independientes... pero el órgano de Gobierno y los máximos tribunales son elegidos por el parlamento... que recoge las órdenes de los partidos de turno. El que manda en el gobierno, manda en el partido, reparte el orden de las listas, ostenta el poder sobre las decisiones en el legislativo que elige al judicial.
Uno siente una sana envidia cuando ve que en EEUU el presidente tiene que mendigar voto a voto entre su propio partido para sacar adelante una propuesta. Aquí a ninguno se le ocurre decir una palabra más alta que otra al líder máximo. Y aquí PP y PSOE se igualan... hacen lo mismo. Pero de esto hemos hablado a menudo, abogar por listas abiertas en circunscripciones pequeñas o bien sistema mayoritario en esas mismas pequeñas circunscripciones... un sueño contra la partitocracia.
Pero lo que ahora llama mi atención es, a raíz de la reciente sentencia del Constitucional sobre Bildu, es la politización de la Justicia. Vaya por delante que el Constitucional, aunque se llame tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Se está comportando como tal, pero no lo es. Es un órgano político y su única misión es velar porque se hayan respetado en el proceso los derechos constitucionales o de que las leyes se ajusten o no a la Constitución. Juzgar la prueba, desestimarlas o aceptarlas no es su misión, y si lo hace, lo hace mal. Pero es que es además, dentro de los tribunales, el más político de todos ellos: sus miembros son elegidos por las cámaras (Congreso y Senado) y tienen un mandato tasado y terminan por obedecer a las instrucciones de los partidos que les eligieron. El que, tras la sentencia del Supremo (verdadero último órgano jurisdiccional), muchos ya anunciaran que en el Constitucional esto podría cambiar porque la mayoría del mismo es progresista ya dice mucho de la confianza que nos dan sus decisiones. Y lo peor es que no nos equivocábamos. Sabíamos que iba a haber dos bloques claros... y los hubo.
Las decisiones de los jueces en asuntos que tienen que ver con la política son previsibles. No digo que no sean independientes, no puedo saberlo, pero con el sistema actual según el cual deberán su puesto a quien les eligió, la duda está ya puesta. Y eso no es bueno. Los jueces (y los fiscales) deben ser independientes y para ello urge cambiar los métodos de elección de las máximas magistraturas, para que esa independencia (con la que se nos llena la boca) sea real y no una mera palabra. Pero el problema es: ¿querrán los partidos renunciar al poder omnímodo del que disfrutan? Han comprado la impunidad a cambio de nuestra libertad, ¿la dejarán de buen grado? Mira que soy pesimista.
Uno siente una sana envidia cuando ve que en EEUU el presidente tiene que mendigar voto a voto entre su propio partido para sacar adelante una propuesta. Aquí a ninguno se le ocurre decir una palabra más alta que otra al líder máximo. Y aquí PP y PSOE se igualan... hacen lo mismo. Pero de esto hemos hablado a menudo, abogar por listas abiertas en circunscripciones pequeñas o bien sistema mayoritario en esas mismas pequeñas circunscripciones... un sueño contra la partitocracia.
Pero lo que ahora llama mi atención es, a raíz de la reciente sentencia del Constitucional sobre Bildu, es la politización de la Justicia. Vaya por delante que el Constitucional, aunque se llame tribunal, no es un órgano jurisdiccional. Se está comportando como tal, pero no lo es. Es un órgano político y su única misión es velar porque se hayan respetado en el proceso los derechos constitucionales o de que las leyes se ajusten o no a la Constitución. Juzgar la prueba, desestimarlas o aceptarlas no es su misión, y si lo hace, lo hace mal. Pero es que es además, dentro de los tribunales, el más político de todos ellos: sus miembros son elegidos por las cámaras (Congreso y Senado) y tienen un mandato tasado y terminan por obedecer a las instrucciones de los partidos que les eligieron. El que, tras la sentencia del Supremo (verdadero último órgano jurisdiccional), muchos ya anunciaran que en el Constitucional esto podría cambiar porque la mayoría del mismo es progresista ya dice mucho de la confianza que nos dan sus decisiones. Y lo peor es que no nos equivocábamos. Sabíamos que iba a haber dos bloques claros... y los hubo.
Las decisiones de los jueces en asuntos que tienen que ver con la política son previsibles. No digo que no sean independientes, no puedo saberlo, pero con el sistema actual según el cual deberán su puesto a quien les eligió, la duda está ya puesta. Y eso no es bueno. Los jueces (y los fiscales) deben ser independientes y para ello urge cambiar los métodos de elección de las máximas magistraturas, para que esa independencia (con la que se nos llena la boca) sea real y no una mera palabra. Pero el problema es: ¿querrán los partidos renunciar al poder omnímodo del que disfrutan? Han comprado la impunidad a cambio de nuestra libertad, ¿la dejarán de buen grado? Mira que soy pesimista.
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