
Está siendo la polémica del momento: los profesores de Secundaria y Bachillerato de algunas comunidades autónomas pasarán de 18 horas de clase con alumnos a 20 horas. Eso implica que los profesores interinos que actualmente cumplen esas dos horas de diferencia no verán renovados sus contratos con la administración. Quien más críticas ha recibido por esa decisión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que -quizá por su carácter liberal- es el centro de las iras de la izquierda. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? ¿Tan grave es que los profesores deban dar dos horas más de clase a la semana? ¿Será irremediable que la educación pública descienda en su calidad? Si oyes a los sindicatos de izquierda, este es el peor ataque que ha sufrido la enseñanza pública en siglos... pero, ¿es tan horrible?
Lo primero que hay que dejar claro es que la enseñanza es un profesión muy dura, que exige una atención permanente, y un nivel de autoexigencia muy elevado. Cualquiera que haya dado clases, o que simplemente haya tenido que exponer delante de un auditorio durante una hora, sabe de lo que hablo. Si encima hablamos de
bregar con un grupo de adolescentes, parece evidente que estamos ante un
trabajo de alto riesgo. Esa es la razón por la cual necesitan los profesores de vacaciones extensas o jornadas más cortas. Tratar con personas de modo continuo agota mentalmente y cuesta mucho la desconexión. Hasta ahí estamos de acuerdo. De hecho, los convenios en educación prevén que los profesores tengan una jornada similar al resto de trabajadores, pero se limita, eso sí, el tiempo que estarán con grupos de alumnos: de 18 a 21 en la educación pública y de 22 a 25 en la educación privada o concertada. El resto del tiempo se supone que el profesor lo dedica a la atención de alumnos en tutorías, a padres o a labores de departamento, preparar clases, etc. Evidentemente, ahora tendrá menos tiempo para eso o tendrá que poner de
su tiempo para sacarlo adelante. Esto supondrá una merma, evidentemente. Supondrá un sacrificio para los docentes, eso está claro. Pero que suponga una merma en la calidad depende sólo y exclusivamente de la profesionalidad de los propios docentes. Y ahí no dudo de que la gran mayoría seguirán haciendo su trabajo con abnegación y poniendo lo mejor de ellos mismos. La sociedad debe agradecérselo.
Aquí el problema está en los interinos, que es una curiosa
aberración (si se me permite la expresión) de la administración española: personas que o no han aprobado su oposición o que habiéndola aprobado no tienen nota suficiente para acceder a una plaza en propiedad. Y la
perversión entra aquí: comienzan a ser contratados por orden de puntuación para cubrir bajas, ausencias o plazas que han quedado desiertas. Hasta ahí parece lógico que cuando la administración tiene necesidad de personal acuda a una bolsa donde están aquellos que han obtenido las mejores notas en el examen de oposición y que, aún no habiendo aprobado, pueden cubrir plazas de forma temporal. ¿Cuál es entonces la problemática? Pues que esa estancia temporal en la administración se
retroalimenta debido al sistema de puntos: no sólo el examen de la oposición es clave para optar a una plaza de interino (o después para elegir si el candidato aprueba el examen), sino que para moverse por la lista de interinos son los puntos de experiencia los que van subiendo posiciones. De este modo, si entras en la lista de interinos, y en la rueda de sustituciones, puedes vivir como un funcionario sin haber obtenido una plaza. Hay casos de personas que con los años (algunos ni eso) por fin aprueban el examen, aprobado
raspadito, pero obtienen mejor plaza que uno que preparó estupendamente la oposición.
Esto con respecto a los interinos, pero es que hay más. Cuando hay dinero a espuertas debido a los impuestos que la actividad económica genera, quizá se puede invertir ingentes sumas de dinero, pero en momentos de crisis, lo normal es intentar aumentar la productividad (incluida la de los profesores) para ahorrar costes de personal o de lo que sea. Ayer, Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid,hacia este mismo planteamiento, cuando se puede pagar, puede estar mal, pero vale. Cuando no hay dinero para pagarlo, lo que está en juego es la supervivencia del mismo sistema educativo.
Lo último a destacar es esa falacia que une calidad e inversión. Parece que a más dinero en la educación, la calidad de la misma aumentase de forma exponencial. Así, tener gimnasios, menos alumnos por aula, laboratorios equipados a la última o salas de ordenadores y bibliotecas donde no falta de nada provocaría una educación de altísima calidad. Pero sabemos que la realidad no es así, y que la calidad de la educación en la actualidad está en los mínimos históricos. La calidad depende más de la preparación de los profesores, el nivel de exigencia a los alumnos, un marco legal que busque y potencie el esfuerzo y la excelencia... y si además hay dinero para grandes medios, pues mejor. Pero la materia prima de la educación es el profesor y el alumno. Maestros de escuela rural con muy pocos medios lograban sacar de unos alumnos que querían estudiar grandes universitarios. Hoy, pese a que hay grandes profesores (no todos, hay muchos sin vocación ninguna, que no tienen simplemente otro lugar donde caer tras un bachillerato mediocre y una carrera de Magisterio que no exige nota), enormes medios materiales... la educación está hecha unos zorros. No busquemos en los medios la excusa....
¿Qué os parece? ¿Se puede tener una gran educación sin grandes medios? ¿Cómo recuperar aquella educación que era envidiable y que hoy es la peor de Europa?